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El PSOE ante el asesinato de Cánovas del Castillo, por Eduardo Montagut

Os ofrecemos una nueva entrega de Historia del Siglo XIX escrita para CITA EN LA GLORIETA por Eduardo Montagut y Javier Alonso García-Pozuelo. Puedes acceder a todos los artículos publicados hasta la fecha pinchando AQUÍ.

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El PSOE ante el asesinato de Cánovas del Castillo,
por Eduardo Montagut

Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado, siendo presidente del Consejo de Ministros, el 8 de agosto de 1897, en el Balneario de Santa Águeda (Mondragón) por el anarquista Michele Angiolillo. En este trabajo estudiamos la reacción del PSOE ante este hecho, a través de El Socialista en su conocida sección “La semana burguesa”.

Los socialistas condenaron el asesinato en el número del 13 de agosto de El Socialista, el primero que salió tras el hecho. Los socialistas no iban contra los hombres, sino contra las instituciones, y éstas no se podían destruir eliminando a las personas, en la línea de lo que siempre defendió el PSOE en relación con los atentados y el terrorismo. Además de la poderosa razón humana había otra que era muy importante para el PSOE, y tenía que ver con la reacción que este tipo de hechos provocaba y que se traducía en una merma de las libertades, necesarias para poder difundir las ideas socialistas. En la condena se incluía una defensa de la lucha pacífica y legal, de la crítica y la discusión, y no que la confrontación terminase en una “lucha de fieras”.

En el número siguiente del órgano oficial del PSOE se criticaba que los líderes conservadores comenzaban a pelearse por el liderazgo del Partido, aunque, al parecer, estos personajes estarían de acuerdo en que la formación debía permanecer en el poder porque en la oposición podía disolverse. Los socialistas afirmaban que parecía que solamente les unía el presupuesto. En realidad, aunque la crítica estaba trazada de forma breve y un tanto gruesa, no cabe duda que la muerte de Cánovas inició la crisis de liderazgo en el Partido Conservador, como la posterior de Sagasta en el Liberal. Por el momento, sería Francisco Silvela el que se haría cargo del liderazgo, y al poco tiempo, del Gobierno. Pero Silvela fallecería en 1905. En todo caso, se nombró un Gobierno liberal en el otoño, algo que los socialistas consideraban normal (número 605), no sin dejar de criticar el funcionamiento del sistema, incluyendo a la Corona, a cuenta de un artículo aparecido en El Imparcial, ya que, al parecer la institución intentaba justificar porque no había habido un cambio de gobierno antes después del asesinato de Cánovas, además de que se preocupaba por las injusticias cometidas con los detenidos en Montjüic (recordemos el proceso) y de los problemas del ejército. Pues bien, para el PSOE estas declaraciones sin refrendo de un ministro no eran apropiadas y debían rectificarse.

Antonio Cánovas del Castillo
- Ricardo de Madrazo -
(1896)

Al parecer, también se había generado una cierta polémica en la prensa sobre la ineficacia policial en evitar el asesinato, a pesar de que su escolta contaba con un inspector y veinte agentes. Pero los socialistas planteaban que era una polémica inadecuada, que el problema no era ese, lo que estaba mal no era la policía sino el régimen. La policía solamente actuaba diligentemente contra los pobres. En la crónica del periódico se decía que si Angiolillo hubiera ido con vestimenta obrera no hubiera podido cometer el asesinato.

En el número 602 se aludía a los gastos de los funerales de Cánovas que, al parecer, ascendían a la cantidad de 44.000 pesetas, haciendo una crítica ácida y un tanto burlona de lo contentas que, al parecer, estaban ciertas autoridades religiosas.

Los interesados en saber cómo se formó el Partido Conservador pueden acercarse al trabajo de Fidel Gómez Ochoa, “La formación del Partido Conservador: la fusión conservadora”, en Ayer (2003).

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Javier Alonso García-Pozuelo

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)

es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

El Manifiesto de Sandhurst, por Eduardo Montagut

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El Manifiesto de Sandhurst, por Eduardo Montagut

El 1 de diciembre de 1874 se hacía público el Manifiesto de Sandhurst, firmado por el príncipe Alfonso de Borbón, que muy pronto se convertiría en el rey Alfonso XII. Se denomina así porque el joven Borbón estaba estudiando en la academia militar británica de Sandhurst, al encontrarse en el exilio, después de la marcha de la familia real a raíz de la Revolución de 1868, y el transcurso del denominado Sexenio Democrático. La importancia histórica de este texto reside en que en el mismo se manifestaba la voluntad para ser rey, y porque en él comenzaban a hacerse públicas las ideas de su verdadero autor, Antonio Cánovas del Castillo sobre cómo construir un régimen político que superase los defectos del isabelino, pero distinto al establecido en 1869 con la Monarquía democrática de Amadeo de Saboya y, por supuesto, radicalmente contrario al régimen republicano que se había liquidado unos meses antes. Ese sistema político era la Restauración que con algunos cambios y reformas duraría hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923.

Aunque el Manifiesto está fechado el 1 de diciembre, no se publicó en la prensa española el 27 de diciembre, dos días antes del famoso pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, en el que proclamó como rey a Alfonso XIII, adelantándose a los propósitos de Cánovas de traer la Monarquía a España por un método distinto, alejándose de la intervención del ejército en la política.

El texto se redactó con el pretexto de contestar a las felicitaciones recibidas por el cumpleaños de Alfonso, ocurrido el 28 de noviembre, cuando cumplió 17 años, pero lógicamente buscaba otros propósitos, como hemos apuntado al principio.

Por el texto, Alfonso se reconocía como el legítimo heredero de la Corona española. Su madre, Isabel II, había abdicado en 1870 en París. El Manifiesto quería dejar claro a los españoles que la solución monárquica encarnada en Alfonso era la mejor opción, y para ello se empleaba el argumento histórico, tan querido de Cánovas. La Monarquía habría salvado la crisis de la guerra de la Independencia y había superado en 1840 la guerra civil, refiriéndose a la guerra carlista. Pero, sobre todo, se convertía en el garante del orden después del supuesto caos en el que habría vivido España, especialmente porque el régimen republicano habría sido ilegal, siempre según el autor del texto.

El Manifiesto planteaba el programa político de la Monarquía restaurada, basado en una serie de puntos. La Monarquía sería constitucional, con un régimen político flexible y no autoritario, con aceptación de la voluntad nacional a través del sufragio, y con un fundamental papel para las Cortes. Con esta idea estaba rescatando el concepto de soberanía compartida, propio del liberalismo moderado español, abandonando la soberanía nacional alcanzada en el Sexenio Democrático. La soberanía compartida partía de la concepción que tenía Cánovas de la Nación y de la Corona. La primera sería una creación histórica configurada en el tiempo. De su larga e intensa experiencia histórica surgiría una constitución interna, propia y particular para cada nación. La Nación española estaría representada, históricamente, en las Cortes. La Historia también era protagonista a la hora de defender el principio monárquico, ya que la española habría convertido al rey en una institución fundamental. Así pues, las Cortes y la Corona debían ejercer la soberanía conjuntamente.

La flexibilidad aludida se plasmaría en el tipo de Constitución que deseaba Cánovas. La Constitución debía tener un carácter elástico, es decir, aunque muy moderada desde una perspectiva democrática, no debía ser monolítica ni excesivamente precisa, para permitir interpretaciones diversas por parte de los distintos gobiernos.

Pero la flexibilidad también puede interpretarse en relación con la cuestión de los partidos políticos. Siguiendo el modelo bipartidista británico, Cánovas pretendía que la labor del gobierno recayese en exclusiva en dos partidos, alternándose en el poder y en la oposición. De esta manera, se evitaba el monopolio del poder ejercido por los moderados en tiempos de Isabel II, como hemos señalado anteriormente. Para ello, era fundamental el compromiso de los dos partidos en mantener el sistema político y de respetar la obra de cada uno cuando tenía la responsabilidad gubernamental, además de ejercer una leal oposición cuando tocaba estar en ese lugar.

Cánovas, por fin, hizo una demostración a favor del liberalismo, pero sin atisbos de democracia, por la que sentía verdadera alergia, siempre girando con el ejemplo de aquellos sistemas políticos que habían respetado su Historia, en una alusión, sin nombrarlo al británico, por el que sentía especial predilección, como hemos visto.

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Javier Alonso García-Pozuelo

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)

La “non nata”, por Eduardo Montagut

En solo unas horas se abrirán las Cortes y, pese al batallón de diputados unionistas llegado esta semana de provincias y a que los rumores de un intento de atentado por agentes socialistas han surtido efecto entre los diputados que ayer mismo se planteaban retirar su apoyo al gabinete del general O’Donnell,nadie puede estar seguro esta mañana de que las oposiciones coaligadas no le vayan a hacer la pascua al Gobierno, arrebatándole la presidencia de la mesa del Congreso.
Ningún prócer de la Unión Liberal debe de estar tranquilo esta mañana. Desde luego, no lo parece el marqués de la Vega de Armijo, gobernador civil de Madrid y uno de los hombres que más parte tuvo, junto con el general O’Donnell y el actual subsecretario de Gobernación, el señor Cánovas del Castillo, en la revolución de 1854.
–Entiendo que quiera hablar con el amigo de su sobrino y hasta entiendo que mi negativa le haya contrariado –concede el marqués de la Vega de Armijo–, pero ¿por qué tanto interés en interrogar a Vilanova?
Ha formulado la pregunta con extrema cortesía y en un tono asaz amable. Sin embargo, algo en su rostro de ojos claros, entrecejo ceñudo, nariz puntiaguda e inmensas patillas, augura que, en cualquier momento, el marqués puede ser presa de uno de sus célebres arrebatos de cólera.

La cajita de rapé (Ediciones MAEVA)
Javier Alonso García-Pozuelo

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La “non nata”, por Eduardo Montagut

La Década moderada entró en crisis en 1854, a causa de la profusión de casos de corrupción, especialmente relacionados con la construcción del ferrocarril. Además, la situación de crisis económica alentó la tensión social. Bravo Murillo reaccionó gobernando con más dureza, por lo que la presión de la oposición se radicalizó. Como el sufragio era censitario y el sistema electoral estaba manipulado, los progresistas utilizaron el procedimiento del pronunciamiento para acceder al poder. El 28 de junio de 1854 se produjo la Vicalvarada, con los generales Dulce, O’Donnell y Ros de Olano como protagonistas. La situación se mantuvo incierta hasta que los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares, que recogía algunas de las propuestas progresistas. Se dieron varios levantamientos en algunas ciudades que terminaron por forzar a Isabel II a recurrir a Espartero, quien se autoproclamó presidente del Consejo de ministros. O’Donnell ocuparía la cartera de la Guerra. El nuevo gobierno restauró provisionalmente la Constitución de 1837. Se aprobó una nueva ley municipal en línea progresista: ampliación del derecho de sufragio y no intervención del gobierno en la elección de los alcaldes. En el Bienio se emprendió una nueva desamortización (1855), la impulsada por Pascual Madoz, de mayor envergadura que la de Mendizábal, ya que puso en venta el doble de bienes. Además, no sólo se ocupó de propiedades eclesiásticas, sino, sobre todo, de las de uso y propiedad común. Fue importante también la Ley de los ferrocarriles de 1855.

Leopoldo O'Donnell
- litografía de 1889 -

El Gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes, una promesa de la Vicalvarada. Ganaron los candidatos gubernamentales, en una especie de coalición formada por los puritanos, es decir, los moderados menos conservadores, y los progresistas más moderados, entre los que destacaría Manuel Cortina. Estaríamos en los orígenes de la futura Unión Liberal. En este sentido, un joven Antonio Cánovas del Castillo, autor del Manifiesto de Manzanares, pronunció un discurso en diciembre en el Congreso donde manifestaba la voluntad de crear un tercer partido, la Unión Liberal. A la derecha había un pequeño grupo de moderados y a la izquierda los demócratas, aunque hay que destacar un grupo, que podríamos denominar de “centro-izquierda”, formado por liberales progresistas que no deseaban ingresar en la coalición, como serían Salustiano Olózaga o el joven Sagasta.

El debate constitucional comenzó pronto, y fue intenso en relación con la cuestión religiosa, especialmente por la postura intransigente de la Iglesia Católica, a pesar de que se establecía una propuesta muy tímida, ya que la idea de los demócratas de que se aprobase la plena libertad de cultos fue rechazada por la mayoría gubernamental. Se pretendía que no se podría perseguir a nadie por sus creencias religiosas, siempre y cuando no se manifestasen en actos públicos contrarios a la religión católica, y partiendo de la reafirmación de que el Estado tendría obligación de sostener a la Iglesia y el culto, como se había establecido en la década moderada. La nueva desamortización provocó más tensiones, y se llegaron a romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Por otro lado, hubo un resurgimiento de partidas carlistas.

También es interesante relatar el debate sobre la necesidad de que la educación primaria fuera verdaderamente gratuita y sobre el sufragio universal, propuestas de los demócratas que no prosperaron. El liberalismo progresista o algo más templado de la coalición, aunque deseaba superar el excesivo conservadurismo de los moderados, no pretendía, realmente democratizar el régimen político.

La Constitución partía del reconocimiento de la soberanía nacional, sin alusiones a que se compartiera con la Corona, pilar ideológico del liberalismo conservador o doctrinario español. Se establecía un más amplio reconocimiento de derechos individuales, frente al modelo de la Constitución moderada de 1845. En algunos aspectos, constituyó la base de la futura Constitución de 1869, después de la Revolución Gloriosa de 1868.

En 1855, el estallido de una huelga en Barcelona y la propagación de una epidemia de cólera contribuyeron a enrarecer la situación política, marcada, desde 1854, por los sucesivos cambios de gobierno, a causa de la difícil convivencia en el poder de progresistas y unionistas.

En el verano de 1856, aprovechando el desconcierto provocado por unas revueltas populares en Madrid, O’Donnell abolió la Milicia Nacional y volvió a proclamar la Constitución de 1845, al tiempo que apartaba a Espartero del poder. Pero tres meses después, la reina optó por Narváez, más afín a sus planteamientos, apartando a O’Donnell del poder. Así pues, la Constitución de 1856 nunca sería promulgada, y no entró en vigor, de ahí su apelativo de “non nata”.

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Javier Alonso García-Pozuelo

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)

Los integristas españoles en la segunda mitad del siglo XIX, por Eduardo Montagut

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Los integristas españoles en la segunda mitad del siglo XIX.
Eduardo Montagut

En este trabajo nos acercamos al integrismo y su articulación política en la segunda mitad del siglo XIX en España.

La ideología integrista se basaba en dos pilares: la condena papal del liberalismo y la utilización de la religión como opción política. En las encíclicas Mirari Vos (1832) de Gregorio XVI y Sylabus (1864) de Pío IX se condenaba sin paliativos el liberalismo y se prohibía a los católicos aceptar la separación Iglesia-Estado, la libertad de cultos, el origen humano de la autoridad, es decir, la soberanía nacional, la competencia de las autoridades civiles en materias como la enseñanza o el matrimonio y, por fin, la democracia.

En España el integrismo tenía forzosamente que vincularse al carlismo, pero dicha asociación no fue automática ni completa. El integrismo comenzó a articularse a partir de los años sesenta del siglo XIX de la mano de Cándido Nocedal con la creación de un partido neocatólico que, en el Sexenio Democrático, se acercaría a la causa carlista. Nocedal se hizo con la jefatura del Partido Carlista y lo orientó en este sentido católico integrista. En esta misma época se inició con fuerza el activismo político de su hijo Ramón, especialmente en lo que se refiere a la propaganda, ya que comenzó a difundir las ideas integristas desde El Siglo Futuro. Así pues, el objetivo de ambos Nocedal era ensanchar la base social y electoral del integrismo, queriendo superar lo estrictamente carlista en vista de las derrotas militares que estaba padeciendo después que Cánovas del Castillo se planteara de forma prioritaria acabar con el conflicto bélico, involucrando a Alfonso XII, como modelo de rey-soldado. Pero en el trabajo de hacerse con el espacio político que venía ocupando el carlismo desde los años treinta se presentó un competidor en la figura de Alejandro Pidal que, en 1881 fundó la Unión Católica, consiguiendo atraer a algunos sectores carlistas a la órbita de Cánovas. A la muerte de Cándido Nocedal en 1885, su hijo adquirió todo el protagonismo político en el seno del integrismo.

En 1887 salió a la luz el panfleto del cura Sardá, titulado muy significativamente El liberalismo es pecado, especie de catecismo o programa del integrismo, una ideología que no podía aceptar ninguna premisa o postulado liberal, ni tan siquiera en su versión doctrinaria o más conservadora. En lo organizativo el integrismo se articuló como partido político en España a partir del Manifiesto de Burgos del año 1888. Los integristas incorporaron las doctrinas políticas de la Iglesia, insistiendo en la crítica a la libertad de cultos, a la separación de la Iglesia del Estado, y a la libertad de cátedra y de la ciencia, precisamente en un momento en el que comenzaban con fuerza los impulsos renovadores en la educación y la ciencia españolas de la mano de la Institución Libre de Enseñanza.

El integrismo terminó agotándose por la tendencia a los enfrentamientos en su seno, aunque la Iglesia Católica española se empeñó en intentar aunar las diferencias internas para poder presentar una causa fuerte y común, por lo que se organizaron diversos congresos y reuniones con un evidente fracaso. En todo caso, tuvieron una destacada presencia pública en la España de finales del siglo XIX, ya que no era infrecuente que se manifestaran en peregrinaciones, rosarios y marchas. Esa presencia, a pesar de su evidente debilidad política, enconó los ánimos del anticlericalismo español.

El movimiento se debilitó cuando Ramón Nocedal murió en el año 1907. Muchos integrantes del integrismo terminaron por acercarse a las distintas extremas derechas que fueron surgiendo en los años veinte y treinta en España.

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Eduardo Montagut (Madrid, 1965)

Las consecuencias de la Primera Guerra Carlista en España, por Eduardo Montagut

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Las consecuencias de la Primera Guerra Carlista en España, por Eduardo Montagut

La Primera Guerra Carlista generó un conjunto de consecuencias que debe ser tenido en cuenta para poder entender gran parte del siglo XIX español, tanto en cuestiones políticas, como económicas.

En primer lugar, hay que señalar que fue un conflicto muy sangriento, generando un alto coste en vidas humanas. Se trató, como bien se sabe, de una guerra civil con un fuerte componente ideológico y, por consiguiente, de violencia política.

En el plano político, la guerra contribuyó a la definitiva inclinación de la Monarquía española hacia el liberalismo. El agrupamiento de los absolutistas en torno a la causa carlista convirtió a los liberales en el único apoyo al trono de Isabel II. La Reina Gobernadora y luego su hija, sin ser favorables a los aspectos más radicales del liberalismo, terminaron por abrazar esta causa, aunque siempre en su versión doctrinaria o más conservadora.

El reforzamiento del protagonismo de los militares en la política española fue otra repercusión del conflicto. Las guerras carlistas convirtieron a los militares en elementos fundamentales para la defensa del sistema liberal. Los generales (“espadones”), conscientes de su protagonismo e importancia, se acomodaron al frente de los partidos liberales –moderado y progresista-, y se erigieron en árbitros de la política, utilizando, además, el recurso del pronunciamiento.

Ramón María Narváez, "El espadón de Loja"
- Vicente López (1849) -

En lo económico, la guerra generó enormes gastos, que pesaron como una losa sobre la pésima situación de la Hacienda, heredada de todo el proceso de crisis del Antiguo Régimen con lo que supuso la Guerra de la Independencia y la pérdida de las colonias americanas. Estas dificultades condicionaron la orientación de ciertas reformas, como la desamortización, ya que terminaron por primar las necesidades financieras del Estado sobre las de una posible reforma agraria.

En relación con la cuestión foral, conviene señalar que en 1834 Canga Argüelles había establecido que las provincias vascas y Navarra serían consideradas como “provincias exentas”, llamadas así por las peculiaridades de su sistema fiscal. El Convenio de Vergara respetó los fueros y este especial sistema fiscal, pero para terminar con ciertas ambigüedades en 1841 salió a la luz la denominada ley “paccionada”. Se establecía que las diputaciones forales asumirían las funciones de las diputaciones provinciales, creadas por la nueva estructura administrativa del Estado liberal. Pero la ambigüedad, entre el respeto al foralismo y las instituciones vascas y navarra y el centralismo acusado del liberalismo por otro lado, no terminó por resolverse. Se mantuvo una especie de estatus quo, sin sanción constitucional, hasta los intentos centralizadores de Cánovas del Castillo en tiempos de la Restauración.

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Javier Alonso García-Pozuelo

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)

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Fundamentos del nacionalismo español en el siglo XIX, por Eduardo Montagut

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Fundamentos del nacionalismo español en el siglo XIX.
Eduardo Montagut

Cuando tratamos del nacionalismo en España siempre dirigimos nuestras miradas a los nacionalismos sin Estado, es decir, los nacionalismos catalán, vasco y gallego, obviando que existe otro que no es periférico y sí tiene Estado. Nos referimos al nacionalismo español. En este artículo hacemos un breve recorrido sobre su historia en el siglo XIX.

El nacionalismo español surge, en gran medida, en las Cortes de Cádiz, es decir, viene asociado al primer liberalismo, en reacción, además al dominio francés, como ocurrió en otros lugares de Europa. En la Constitución de 1812 la nación española es definida como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación sería libre e independiente y no patrimonio de persona o familia alguna, rompiendo con el concepto patrimonial del Estado del Antiguo Régimen. La soberanía residiría en la nación, por lo que solamente a ella le correspondería el derecho a establecer leyes fundamentales. Sería, por fin, obligación de la nación la conservación de los derechos legítimos de todos los ciudadanos. Pero, posteriormente, las Constituciones del reinado de Isabel II –1837 y 1845– obviaron que la nación fuera sujeto –o su representación parlamentaria– del Estado. La situación cambió en el Sexenio Democrático, con el texto constitucional de 1869, fruto de la Revolución “Gloriosa” del año anterior, porque se retomó con fuerza la soberanía nacional en el mismo preámbulo. Ya no era el rey o reina el que decretaba y sancionaba la Constitución, sino la nación española. De forma parecida, aunque organizando España de manera federal, comienza el proyecto constitucional de 1873. La Constitución de 1876 de Cánovas del Castillo retomó el modelo isabelino.

Esta indefinición constitucional, predominante en el liberalismo moderado español, se correspondería con una construcción muy fragmentaria del nacionalismo español en el siglo XIX. Ni la escuela, ni el ejército ni la administración consiguieron vertebrar un sólido nacionalismo español, aunque el Estado sí estableció un rígido centralismo, sin posibilidad alguna de contemplación jurídica de las particularidades territoriales, aunque se mantuvo ambivalente con la situación foral vasca y navarra, cuestión que tiene mucho que ver con la fuerza del carlismo. Se puede considerar que este fracaso del liberalismo español conservador es causa y efecto de la débil integración de la sociedad civil en la vida política, muy al contrario de lo que ocurrió en Francia. Aún así, la burguesía española se interesó mucho por la construcción de un imaginario nacionalista con todos sus símbolos, como se puso de manifiesto en la historiografía decimonónica y en el arte, tanto en la pintura de historia como en las esculturas que comenzaron a levantarse en los espacios públicos de las ciudades españolas. Se construyó un pasado para demostrar que los españoles eran miembros de un pueblo con una identidad común, al menos desde la Edad Media, aunque algunos llevarían este origen a la época antigua, especialmente en aquellas situaciones o personajes que protagonizaron encarnecidas resistencias frente a los romanos, como Numancia o Viriato, entre otros.

Numancia
-Alejo Vera y Estaca-
(1881)

Pero en la época de la Restauración surgieron los regionalismos y los nacionalismos sin Estado, primero reivindicando las particularidades culturales de sus regiones y luego planteando reivindicaciones políticas autonómicas o de mayor calado. Estos regionalismos y nacionalismos, con claro protagonismo catalán y vasco, pero también gallego, valenciano, aragonés y andaluz, suponían una alternativa al nacionalismo español y demostraban el fracaso de éste a la hora de imponerse totalmente, dada la fragilidad de los instrumentos que el Estado tenía para hacerlo, como hemos expresado anteriormente.

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