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El Sexenio democrático, por Eduardo Montagut

Os ofrecemos una nueva entrega de Historia del Siglo XIX escrita para CITA EN LA GLORIETA por Eduardo Montagut y Javier Alonso García-Pozuelo. Puedes acceder a todos los artículos publicados hasta la fecha pinchando AQUÍ.

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El Sexenio democrático, por Eduardo Montagut
En este trabajo abordamos un acercamiento a la historia de un período corto, el Sexenio democrático, pero muy intenso de la historia española del siglo XIX, cuando se intentó democratizar el sistema político liberal a través de dos fórmulas, la monárquica parlamentaria y la republicana.

El Pacto de Ostende, que unió a progresistas y demócratas contra el sistema isabelino, se firmó en el año 1866.  A la muerte de O’Donnell, los unionistas se unieron al pacto.


El 17 de septiembre de 1868, la Revolución se inició con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz apoyado por Prim (progresista) y Serrano (Unión liberal). El movimiento se extendió por toda la geografía peninsular con levantamientos populares y se organizaron juntas revolucionarias locales. Serrano venció al ejército gubernamental en la Batalla de Alcolea. La reina huyó a Francia. Se constituyó un gobierno provisional presidido por el general Serrano y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino directo para enero de 1869.

Bajo la aparente unidad de los protagonistas de la Revolución habría dos grandes bloques sociopolíticos. En primer lugar, estarían los progresistas, unionistas y demócratas moderados, cuya base social estaba formada por las clases medias que se identificaban con los planteamientos del gobierno provisional, aspirando a un cambio meramente político con un régimen más abierto y representativo que el isabelino, pero sin planteamientos sociales radicales ni propuestas revolucionarias. Por otro lado, se encontrarían los republicanos, escindidos del Partido Demócrata. Tenían el apoyo popular. Pretendían cambios políticos más radicales, como el establecimiento de la República, y la defensa de un programa de reformas socioeconómicas. Sus propuestas coincidían con las de las juntas revolucionarias, disueltas por el gobierno provisional.

Los electores dieron la mayoría absoluta a las fuerzas gubernamentales: unionistas, progresistas y demócratas monárquicos con 236 escaños. Lejos quedan los republicanos y los carlistas, con 80 y 20 diputados, respectivamente. De estas Cortes resultará la Constitución de 1869, la primera democrática de España. Se reconocía una amplia declaración de derechos individuales: derecho a la participación política, sufragio universal masculino, libertad de imprenta, libertad de culto, aunque la nación estaría obligada a mantener el culto y a los ministros de la religión católica, derecho de reunión y de asociación. La soberanía sería nacional, y todos los poderes emanarían de la nación, es decir, se abandonaba la soberanía compartida. La Constitución establecía una clara división de poderes, y se mantenía el sistema bicameral en el legislativo. España seguiría siendo una Monarquía, aunque bien distinta a la isabelina, ya que las Cortes se convertían en el máximo órgano político y no sólo por su función legislativa sino porque se afianzaba su cometido de control al gobierno. El poder de la Corona quedaba claramente limitado.

Aprobada la Constitución, Serrano fue nombrado regente, en ausencia de un rey; y Prim, jefe del gobierno. El objetivo de ambos era buscar un monarca y frenar la insurrección en Cuba iniciada en 1868, además de las sublevaciones de los republicanos, desengañados por la falta de soluciones para la cuestión social y por la decisión de establecer un régimen monárquico.

El problema de quién debía ocupar el trono de España se convirtió en una cuestión internacional que alargó más el período de provisionalidad, y permitió que, a pesar de los esfuerzos de Prim, creciera la oposición de republicanos y carlistas. El candidato más idóneo era el hijo de Víctor Manuel II rey de Italia, Amadeo de Saboya. En principio, cumplía todos los requisitos: miembro de una casa real con tradición liberal, católico y su elección no inquietaba ni a Francia ni a Prusia. Las Cortes le nombraron rey el 16 de noviembre de 1870 por un escaso margen de votos. El rasgo del reinado de Amadeo fue la inestabilidad social y política por una serie de problemas.

En primer lugar, se produjo el asesinato del general Prim, víctima de un atentado poco antes de que llegara Amadeo a España. Era su principal valedor y su más firme apoyo, y había conseguido mantener unida a la coalición monárquico-democrática.



Grabado del atentado contra el General Prim (27-12-1870)

En segundo lugar, hay que destacar el escaso apoyo de los partidos políticos. El gran problema de la Monarquía no eran tanto la oposición de republicanos y carlistas como la división interna de la coalición, que se escindió en varios grupos y en dos grandes partidos. El Partido Constitucionalista, con Sagasta como principal líder, era el más moderado y partidario de contener los avances democráticos. El Partido Radical de Ruiz Zorrilla, por su parte, defendía posturas más progresistas.
En tercer, lugar hay que señalar el desencadenamiento de la tercera guerra carlista, en mayo de 1872, mientras continuaba el conflicto en Cuba -la guerra de los diez años- que duraría hasta 1878.

Amadeo I, decepcionado del curso que estaba tomando la política, aprovecha un pretexto de poca importancia y abdica el 11 de febrero de 1873, marchándose de España.
 
Ante la abdicación del rey, las Cortes, en reunión conjunta del Congreso y Senado, proclamaron la República por 285 votos contra 32, pero este hecho no consiguió estabilizar el sistema, ya que a los problemas heredados – guerra carlista, guerra de Cuba-, se añadía dentro de las filas republicanas la división entre unitarios y federalistas.

La República tuvo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

En el período de Figueras se dieron diversos intentos de golpes de estado, y se recrudeció la presión del movimiento obrero. En mayo, se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes en las que triunfaron los republicanos federalistas con aplastante mayoría de 344 diputados sobre 391. Se elaboró una Constitución que recogía una estructura federal del Estado: España se organizaría en 17 estados federales. Se trató de la primera Constitución republicana del país, pero que nunca entró en vigor.
 
Con Pi i Margall el intento de imponer desde arriba una estructura federal de forma ordenada fracasó, frente al intento de hacerlo desde abajo. El cantonalismo se extendió con gran rapidez en gran parte del país. Los cantones debían convertirse en unidades políticas inferiores a partir de las cuales se debería formar la federación española. El cantonalismo tuvo, también, un evidente componente social reivindicativo. Alcoy y Cartagena fueron las principales ciudades que se proclamaron cantones. Fue muy complicado reprimir el cantonalismo, no sólo por su extensión, sino también porque coincidió con la guerra carlista. Estos levantamientos provocaron la dimisión de Pi i Margall.

Tras la derrota parlamentaria del anterior, Salmerón se convierte en julio en presidente. Su objetivo fue restablecer el orden y envió el ejército para sofocar el movimiento cantonalista. Con Salmerón se iniciaba un viraje hacia posiciones más conservadoras. Pero no duró mucho en su cargo porque dimitió por problemas de conciencia al no querer firmar sentencias de muerte impuestas por la autoridad militar.

Castelar alcanzó la presidencia en septiembre y representó el triunfo de la República conservadora. Para restablecer el orden solicitó a las Cortes, y se le conceden, poderes especiales para gobernar por decreto durante tres meses. Al volverse a reunir las Cortes el 2 de enero de 1874, el gobierno se somete a un voto de confianza y lo pierde.

La posibilidad de que el poder recayese de nuevo sobre los federalistas radicales ofrece un pretexto para el golpe de estado de Pavía, capitán general de Madrid, que al día siguiente ocupa el Congreso y disuelve la cámara. De esta manera se puso fin al régimen republicano, aunque oficialmente, España siguió siendo una república hasta finales de año.


Entrada de de Pavía en el Congreso de los Diputados el 3 de enero de 1874

El general Serrano presidió un nuevo gobierno provisional (dictadura) que tuvo como objetivo restablecer el orden público, controlar a los carlistas y continuar la guerra de Cuba. En diciembre de 1874, el general Martínez Campos se sublevaba en Sagunto y proclamaba rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II.

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Javier Alonso García-Pozuelo 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

La “non nata”, por Eduardo Montagut

En solo unas horas se abrirán las Cortes y, pese al batallón de diputados unionistas llegado esta semana de provincias y a que los rumores de un intento de atentado por agentes socialistas han surtido efecto entre los diputados que ayer mismo se planteaban retirar su apoyo al gabinete del general O’Donnell,nadie puede estar seguro esta mañana de que las oposiciones coaligadas no le vayan a hacer la pascua al Gobierno, arrebatándole la presidencia de la mesa del Congreso.
Ningún prócer de la Unión Liberal debe de estar tranquilo esta mañana. Desde luego, no lo parece el marqués de la Vega de Armijo, gobernador civil de Madrid y uno de los hombres que más parte tuvo, junto con el general O’Donnell y el actual subsecretario de Gobernación, el señor Cánovas del Castillo, en la revolución de 1854.
–Entiendo que quiera hablar con el amigo de su sobrino y hasta entiendo que mi negativa le haya contrariado –concede el marqués de la Vega de Armijo–, pero ¿por qué tanto interés en interrogar a Vilanova?
Ha formulado la pregunta con extrema cortesía y en un tono asaz amable. Sin embargo, algo en su rostro de ojos claros, entrecejo ceñudo, nariz puntiaguda e inmensas patillas, augura que, en cualquier momento, el marqués puede ser presa de uno de sus célebres arrebatos de cólera.
La cajita de rapé (Ediciones MAEVA)
Javier Alonso García-Pozuelo

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La “non nata”, por Eduardo Montagut
La Década moderada entró en crisis en 1854, a causa de la profusión de casos de corrupción, especialmente relacionados con la construcción del ferrocarril. Además, la situación de crisis económica alentó la tensión social. Bravo Murillo reaccionó gobernando con más dureza, por lo que la presión de la oposición se radicalizó. Como el sufragio era censitario y el sistema electoral estaba manipulado, los progresistas utilizaron el procedimiento del pronunciamiento para acceder al poder. El 28 de junio de 1854 se produjo la Vicalvarada, con los generales Dulce, O’Donnell y Ros de Olano como protagonistas. La situación se mantuvo incierta hasta que los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares, que recogía algunas de las propuestas progresistas. Se dieron varios levantamientos en algunas ciudades que terminaron por forzar a Isabel II a recurrir a Espartero, quien se autoproclamó presidente del Consejo de ministros. O’Donnell ocuparía la cartera de la Guerra. El nuevo gobierno restauró provisionalmente la Constitución de 1837. Se aprobó una nueva ley municipal en línea progresista: ampliación del derecho de sufragio y no intervención del gobierno en la elección de los alcaldes. En el Bienio se emprendió una nueva desamortización (1855), la impulsada por Pascual Madoz, de mayor envergadura que la de Mendizábal, ya que puso en venta el doble de bienes. Además, no sólo se ocupó de propiedades eclesiásticas, sino, sobre todo, de las de uso y propiedad común. Fue importante también la Ley de los ferrocarriles de 1855.


Leopoldo O'Donnell
- litografía de 1889 -

El Gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes, una promesa de la Vicalvarada. Ganaron los candidatos gubernamentales, en una especie de coalición formada por los puritanos, es decir, los moderados menos conservadores, y los progresistas más moderados, entre los que destacaría Manuel Cortina. Estaríamos en los orígenes de la futura Unión Liberal. En este sentido, un joven Antonio Cánovas del Castillo, autor del Manifiesto de Manzanares, pronunció un discurso en diciembre en el Congreso donde manifestaba la voluntad de crear un tercer partido, la Unión Liberal. A la derecha había un pequeño grupo de moderados y a la izquierda los demócratas, aunque hay que destacar un grupo, que podríamos denominar de “centro-izquierda”, formado por liberales progresistas que no deseaban ingresar en la coalición, como serían Salustiano Olózaga o el joven Sagasta.

El debate constitucional comenzó pronto, y fue intenso en relación con la cuestión religiosa, especialmente por la postura intransigente de la Iglesia Católica, a pesar de que se establecía una propuesta muy tímida, ya que la idea de los demócratas de que se aprobase la plena libertad de cultos fue rechazada por la mayoría gubernamental. Se pretendía que no se podría perseguir a nadie por sus creencias religiosas, siempre y cuando no se manifestasen en actos públicos contrarios a la religión católica, y partiendo de la reafirmación de que el Estado tendría obligación de sostener a la Iglesia y el culto, como se había establecido en la década moderada. La nueva desamortización provocó más tensiones, y se llegaron a romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Por otro lado, hubo un resurgimiento de partidas carlistas.

También es interesante relatar el debate sobre la necesidad de que la educación primaria fuera verdaderamente gratuita y sobre el sufragio universal, propuestas de los demócratas que no prosperaron. El liberalismo progresista o algo más templado de la coalición, aunque deseaba superar el excesivo conservadurismo de los moderados, no pretendía, realmente democratizar el régimen político.

La Constitución partía del reconocimiento de la soberanía nacional, sin alusiones a que se compartiera con la Corona, pilar ideológico del liberalismo conservador o doctrinario español. Se establecía un más amplio reconocimiento de derechos individuales, frente al modelo de la Constitución moderada de 1845. En algunos aspectos, constituyó la base de la futura Constitución de 1869, después de la Revolución Gloriosa de 1868.

En 1855, el estallido de una huelga en Barcelona y la propagación de una epidemia de cólera contribuyeron a enrarecer la situación política, marcada, desde 1854, por los sucesivos cambios de gobierno, a causa de la difícil convivencia en el poder de progresistas y unionistas.

En el verano de 1856, aprovechando el desconcierto provocado por unas revueltas populares en Madrid, O’Donnell abolió la Milicia Nacional y volvió a proclamar la Constitución de 1845, al tiempo que apartaba a Espartero del poder. Pero tres meses después, la reina optó por Narváez, más afín a sus planteamientos, apartando a O’Donnell del poder. Así pues, la Constitución de 1856 nunca sería promulgada, y no entró en vigor, de ahí su apelativo de “non nata”.

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Javier Alonso García-Pozuelo 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

El Pacto de Ostende, por Eduardo Montagut

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El Pacto de Ostende
por Eduardo Montagut
En la Historia contemporánea de España, tan pródiga en enfrentamientos y falta de entendimientos, también se han producido pactos y acercamientos entre distintas formaciones y tendencias políticas. En este artículo abordamos el conocido como Pacto de Ostende, fundamental para que se produjera un importante cambio político en España en la segunda mitad de la década de los años sesenta.

El Pacto de Ostende -firmado el 16 de agosto de 1866 en la ciudad belga en el Flandes Occidental del mismo nombre- supone, como avanzábamos, un hecho fundamental en el proceso de crisis final del régimen isabelino en España, al unir a los progresistas y demócratas en el empeño de derribar dicho régimen, y al que se incorporaría la Unión Liberal, una vez fallecido el general O’Donnell.

El Pacto nació a raíz del fracaso de la sublevación del Cuartel de San Gil en el mes de junio de 1866. La reina destituyó a O’Donnell al considerar que había sido demasiado condescendiente con los sublevados, aunque no debemos olvidar que se fusiló a 66 de ellos. El Cuartel de San Gil era de Artillería y fueron los sargentos los protagonistas de la insurrección, y padecieron la represión, junto con algunos soldados. En efecto,
O’Donnell intentó hacer ver a Isabel II la necesidad de no derramar tanta sangre.Isabel II optó por la solución más conservadora, recurriendo, una vez más a Narváez y los moderados. Esa opción autoritaria generó una profunda crisis en el régimen político, ya que la Unión Liberal, recién apeada del poder, consideró que no podía seguir siendo alternativa de poder, por lo que el partido optó por hacer lo que se denominó el “vacío en Palacio”. El propio O’Donnell, desengañado con la reina, decidió un exilio en Biarritz, pero, en realidad, no quería ir más allá. Por un lado, deseaba manifestar a la Corona su disgusto, pero no quería acercarse a los progresistas de Prim, precisamente por la sublevación, organizada por ellos.

Los progresistas y demócratas consideraron que era conveniente aunar fuerzas si se quería terminar con la Monarquía de
Isabel II, a pesar de las diferencias ideológicas que existían entre ambas formaciones. No olvidemos que el Partido Demócrata nació en 1849 de una escisión del Progresista, al defender un programa basado en el reconocimiento del sufragio universal, el desarrollo de los derechos, y el inicio de políticas de cierto calado social a favor de los más desfavorecidos, especialmente en relación con la educación. El acercamiento ya había comenzado antes de la sublevación de San Gil, en el año anterior pero no había avanzado. Pero la situación precipitó la necesidad de limar asperezas sobre unos mínimos. Efectivamente, el Pacto se consiguió sobre dos puntos. En primer lugar, “destruir lo existente en las altas esferas del poder”, y, en segundo lugar, la creación de un gobierno provisional y la elección de una cámara constituyente por sufragio universal directo para definir el nuevo régimen político. La virtud del acuerdo residía en la ambigüedad del primer punto, ya que permitía que se pudieran sumar otras fuerzas políticas o personalidades destacadas descontentas con el estado de cosas en España. Ese fue el caso de la propia Unión Liberal después de la desaparición de O’Donnell a principios de noviembre de 1867, el principal obstáculo para incorporar a la formación centrista a la oposición real. En marzo de 1868 Prim firmó con Serrano, que había sustituido al fallecido en la dirección del partido, un acuerdo por el que se sumaba al Pacto de Ostende. La Unión Liberal aceptaba terminar con el reinado, buscar otra dinastía, y entrar en un proceso constituyente. La figura de Serrano es un tanto peculiar en este asunto. Había sido protagonista indiscutible en la represión de la sublevación de San Gil, lo que le valió altos honores, pero se enemistó con el gobierno porque había sido arrestado al encabezar una petición a la reina para la reapertura de las Cortes, además de que, al parecer, y siguiendo a Josep Fontana, veía con preocupación sus intereses económicos en la empresa de Ferrocarriles del Norte, en plena crisis de estas compañías y que arrastraron a bancos y sociedades financieras. Esta crisis financiera había comenzado en el otoño de 1864. Fue una crisis con novedades propias del capitalismo, derivadas de la especulación, pero con otra faceta de crisis de subsistencias, más vinculada a la persistencia de una economía muy atrasada, y aún agrícola. Como no podía de ser de otra manera, los problemas económicos serían un factor fundamental a la hora de explicar el final del régimen liberal isabelino.

El Pacto de Ostende generó una estructura para su desarrollo. Se crearía una especie de comité con
Prim, Cristino Martos y Salustiano Olózaga como principales protagonistas.
 

Juan Prim en 1869

El Pacto de Ostende, después de diversos ensayos de pronunciamientos, todos fallidos, terminaría cuajando en la práctica con la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, y que abriría una nueva e intensa etapa, conocida como el Sexenio Democrático.

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Javier Alonso García-Pozuelo 
 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

Ceferino Tresserra i Ventosa entre el republicanismo y el socialismo utópico, por Eduardo Montagut

–Inspector, si me permite una pregunta –interviene Ortega.
Benítez se limita a asentir levemente con la cabeza, sin ocultar el fastidio.
–¿Le ha dicho exactamente desde cuándo oía las voces? –pregunta, dirigiéndose a Fonseca.
–Desde finales de agosto, cree recordar.
–Lo digo porque coincide con las fechas en que se supone que entraron en Madrid algunos de los prófugos de Loja –explica Ortega–. ¿Se conoce la filiación política de ese hombre?
–Señor Ortega –replica Benítez con aspereza–. Ni esto es el Gobierno Civil de Málaga ni aquí se está persiguiendo a agentes republicanos, socialistas, protestantes o lo que quiera que fueran esos campesinos andaluces a los que han mandado a construir carreteras a Santo Domingo. Está usted en Madrid, en la inspección de La Latina y nuestra prioridad ahora es investigar quién le ha cortado el cuello a una muchacha que trabajaba para la familia Ribalter.
La cajita de rapé (Maeva, 2017)
Javier Alonso García-Pozuelo
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Ceferino Tresserra  i Ventosa entre el republicanismo y el socialismo utópico
Eduardo Montagut
Ceferino Tresserra i Ventosa fue un personaje muy activo en la izquierda española de mediados del siglo XIX, en el complejo y fascinante mundo donde se desarrollaron las ideas avanzadas de los demócratas, del socialismo utópico y se fraguó el republicanismo español.

Tresserra nació en Barcelona en 1830. Trabajó en diversas imprentas como cajista, y comenzó a militar en la izquierda del liberalismo, en el naciente movimiento demócrata. Participó en los hechos del año 1854 en Barcelona que inauguraron el Bienio Progresista. Pero su permanente movilización le llevó a ser detenido al final del Bienio, para ser desterrado a Granada. En 1857 pasó a residir en Madrid. En 1858 creó una sociedad secreta, denominada significativamente “El Falansterio”, junto con Ignacio Cervera, que se basaba en el modelo de la Carbonería italiana, pero con un tinte más socialista. En principio, fue un éxito porque creció muchísimo, especialmente en Cataluña y Andalucía. Pero la policía reaccionó y desarticuló el grupo, deteniendo a Tresserra, que pasó a la cárcel del Saladero. La estancia en prisión le inspiró su obra, Los misterios del Saladero. Novela filosófico-social, publicada en 1860. Es una obra que interesa no tanto por la trama en sí, ya que lo más destacado es el análisis que el autor hacer de la realidad del delito y de la cárcel en la España isabelina, defendiendo la reforma penal. En este sentido, se basó en las ideas del Panóptico de Bentham, además de defender la existencia de jurados, una de las reivindicaciones del liberalismo democrático y del republicanismo.


Nuestro protagonista fue un seguidor de las ideas de Fourier en el socialismo utópico. También estuvo vinculado con el republicanismo, intentando que las distintas corrientes se entendieran, especialmente Castelar y Pi i Margall. Durante la Primera República fue nombrado gobernador civil en Soria y Palencia. Murió en 1880, en A Coruña.




Sus obras políticas son las siguientes: Cuadro sinóptico de la democracia española, Tablas del derecho democrático, un folleto titulado ¿Los anarquistas, los socialistas y los comunistas, son demócratas? (1851), Porvenir de las asociaciones de la clase obrera (1855), Carta de un demócrata confinado, dirigida al Escmo. Sr. D. Juan Zapatero, Capitán General del ejército y principado de Cataluña (1856), el Catecismo de la Federación Republicano-democrática (1870), y ¿Hay Dios? Estudio crítico-filosófico de la cuestión de las cuestiones (1871).

El folleto sobre los anarquistas, socialistas y comunistas tiene un gran interés porque el autor hacer una serie de reflexiones sobre el concepto político de democracia. El autor no quería que solamente implicase la “soberanía popular”, sino también la denominada “autonomía individual”, con reconocimiento de derechos y libertades. La democracia era “el gobierno del pueblo por el pueblo”, pero sin caer en la arbitrariedad. Advertía que en la Historia se habían establecido democracias que habían terminado en verdaderas tiranías, como en la Francia revolucionaria. Una verdadera democracia tenía que basarse en el pilar de la justicia como deber del hombre. La justicia establecía los límites de lo que a cada uno correspondería. El otro pilar sería el derecho. En fin, el autor definía la democracia como "la razón pura explicándose sobre el hombre y sus derechos, el hombre y sus deberes, el hombre y sus libertades, el hombre y sus facultades, el hombre y sus intereses, el hombre y la sociedad".

También hay que destacar el impulso que dio a la creación de un volumen colectivo de escritores catalanes, titulado El libro del obrero (1862), un homenaje a Anselmo Clavé, un político, poeta y músico fundamental por ser el fundador del movimiento coral y asociativo republicano en la Cataluña decimonónica.

No se deben obviar sus novelas sociales, que escribió en los años sesenta, especialmente La judía errante. Novela filosófica-Social (1862-1863), perseguida por la Iglesia Católica, El poder negro (1863) y Los hipócritas (1864). También hay que citar la obra teatral, Las máquinas de coser (1875). En La judía errante el protagonista Arturo y sus compañeros pertenecían a una sociedad La Nueva Alianza de tendencia socialista y masónica, con muchas características de una logia, y que luchaban contra el fanatismo en aras de la fraternidad, la educación y la solidaridad. Parece ser que el autor consideraba en el momento de escribir la obra que las sociedades secretas eran ya un anacronismo frente al asociacionismo obrero.



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Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

Cuando Pi i Margall proclamó la República, por Eduardo Montagut

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Cuando Pi i Margall proclamó la República
por Eduardo Montagut
En este artículo analizaremos un texto histórico crucial en la historia de España y del republicanismo de este país: la circular que Pi i Margall envió a los gobernadores en el mes de febrero de 1873 dando noticia de la proclamación de la República, una vez que el rey Amadeo I había decidido abdicar y las Cortes, en virtud de la representación nacional, habían reasumido los poderes.

El texto se divide en tres partes, íntimamente unidas. En primer lugar, se explicaba el proceso pacífico y ordenado que había llevado a la proclamación de la República, después se proclamaban y especificaban los pilares que debían sustentar a la República y, por fin, el anuncio de las próximas elecciones a Cortes Constituyentes.

Pi i Margall anunciaba que la proclamación de la República se había realizado de forma pacífica, sin sangre ni convulsiones. Las autoridades debían contribuir a mantener este ambiente de paz. Para Pi i Margall era muy importante dejar claro que la República no era sinónimo de anarquía.

Pi i Margall consideraba que la República quedaba definida con el lema de “Orden, Libertad y Justicia”. El orden era imprescindible porque no se podían permitir los abusos con el fin de que se respetasen los derechos de los ciudadanos. Pero el orden no era incompatible con la libertad, una relación o dicotomía fundamental en la historia del siglo XIX porque generó un intenso debate político en el seno del liberalismo español y que también se enriqueció con la versión carlista sobre el particular, y la de los demócratas y republicanos. Para Pi i Margall no se podían violar los derechos que la Constitución en vigor, la de 1869, reconocía y garantizaba. Además, había que proteger la diversidad ideológica de la nación española, no podía dejarse fuera de la ley a ningún partido. Pi i Margall consideraba que la insurrección dejaba de ser un derecho cuando había sufragio universal, soberanía popular y libertad para difundir las ideas.



Pi y Margall
- José Sánchez Pescador (1873) -

El proceso hacia la normalización institucional se completaría con la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para formar la República. Pi i Margall insistía en que debían ser unas elecciones limpias, sin los fraudes del pasado. Si eso no ocurría la República sería un fracaso, un desengaño más para los españoles.

En conclusión, Pi i Margall nos está hablando de un proceso de transición política que debía ser ordenado y limpio para conseguir establecer la República en España.

El texto:

"Vacante el trono por renuncia de d. Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la república.

A consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las Autoridades que de este Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más pequeña alteración del orden y sin disturbios conviene que se le sostenga, para que acaben de desengañarse los que la consideraban como inseparable de la anarquía.

Orden, Libertad y Justicia: Este es el lema de la República. Se contrariarían sus fines si no se respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos, no se corrigieran con mano firme todos los abusos y no se doblegara al saludable eje de la Ley en todos los terrenos. Se le contrariaría también, si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones del pensamiento y de la conciencia; si se violara el más pequeño de los derechos consignados en el Título I de la Constitución de 1869. No se les contrariaría menos, si por debilidad se dejara salir fuera de la órbita de la Ley a alguno de los partidos en que está dividida la nación española. Conviene no olvidar que la insurrección deja de ser un derecho desde el momento en que, universal el sufragio, sin condiciones la libertad, y sin el límite de la autoridad real la soberanía del pueblo, toda idea puede difundirse y realizarse sin necesidad de apelar al bárbaro recurso de las armas.

Se han de reunir las Cortes Constituyentes que vengan a dar organización y forma a la República; no se repetirán en los próximos comicios las ilegalidades de otros tiempos. No se cometerán ya las coacciones, los manejos, las violencias y los fraudes que tanto falsearon las otras elecciones; no quedará sin castigo el que las cometa. Sin un profundo respeto a la Ley sería la República un desengaño más para los pueblos y los que componemos el Comité Ejecutivo no hemos de defraudarles ni consentir que se les defraude la última esperanza."

Circular del Ministerio de la Gobernación a todos los gobernadores de provincias, de 14 de febrero de 1873. Pi y Margall.

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Javier Alonso García-Pozuelo 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.