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El PSOE ante el asesinato de Cánovas del Castillo, por Eduardo Montagut

Os ofrecemos una nueva entrega de Historia del Siglo XIX escrita para CITA EN LA GLORIETA por Eduardo Montagut y Javier Alonso García-Pozuelo. Puedes acceder a todos los artículos publicados hasta la fecha pinchando AQUÍ.

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El PSOE ante el asesinato de Cánovas del Castillo
por Eduardo Montagut
Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado, siendo presidente del Consejo de Ministros, el 8 de agosto de 1897, en el Balneario de Santa Águeda (Mondragón) por el anarquista Michele Angiolillo. En este trabajo estudiamos la reacción del PSOE ante este hecho, a través de El Socialista en su conocida sección “La semana burguesa”.

Los socialistas condenaron el asesinato en el número del 13 de agosto de El Socialista, el primero que salió tras el hecho. Los socialistas no iban contra los hombres, sino contra las instituciones, y éstas no se podían destruir eliminando a las personas, en la línea de lo que siempre defendió el PSOE en relación con los atentados y el terrorismo. Además de la poderosa razón humana había otra que era muy importante para el PSOE, y tenía que ver con la reacción que este tipo de hechos provocaba y que se traducía en una merma de las libertades, necesarias para poder difundir las ideas socialistas. En la condena se incluía una defensa de la lucha pacífica y legal, de la crítica y la discusión, y no que la confrontación terminase en una “lucha de fieras”.

En el número siguiente del órgano oficial del PSOE se criticaba que los líderes conservadores comenzaban a pelearse por el liderazgo del Partido, aunque, al parecer, estos personajes estarían de acuerdo en que la formación debía permanecer en el poder porque en la oposición podía disolverse. Los socialistas afirmaban que parecía que solamente les unía el presupuesto. En realidad, aunque la crítica estaba trazada de forma breve y un tanto gruesa, no cabe duda que la muerte de Cánovas inició la crisis de liderazgo en el Partido Conservador, como la posterior de Sagasta en el Liberal. Por el momento, sería Francisco Silvela el que se haría cargo del liderazgo, y al poco tiempo, del Gobierno. Pero Silvela fallecería en 1905. En todo caso, se nombró un Gobierno liberal en el otoño, algo que los socialistas consideraban normal (número 605), no sin dejar de criticar el funcionamiento del sistema, incluyendo a la Corona, a cuenta de un artículo aparecido en El Imparcial, ya que, al parecer la institución intentaba justificar porque no había habido un cambio de gobierno antes después del asesinato de Cánovas, además de que se preocupaba por las injusticias cometidas con los detenidos en Montjüic (recordemos el proceso) y de los problemas del ejército. Pues bien, para el PSOE estas declaraciones sin refrendo de un ministro no eran apropiadas y debían rectificarse.
 

Antonio Cánovas del Castillo
- Ricardo de Madrazo -
(1896)

Al parecer, también se había generado una cierta polémica en la prensa sobre la ineficacia policial en evitar el asesinato, a pesar de que su escolta contaba con un inspector y veinte agentes. Pero los socialistas planteaban que era una polémica inadecuada, que el problema no era ese, lo que estaba mal no era la policía sino el régimen. La policía solamente actuaba diligentemente contra los pobres. En la crónica del periódico se decía que si Angiolillo hubiera ido con vestimenta obrera no hubiera podido cometer el asesinato.

En el número 602 se aludía a los gastos de los funerales de Cánovas que, al parecer, ascendían a la cantidad de 44.000 pesetas, haciendo una crítica ácida y un tanto burlona de lo contentas que, al parecer, estaban ciertas autoridades religiosas.

Los interesados en saber cómo se formó el Partido Conservador pueden acercarse al trabajo de Fidel Gómez Ochoa, “La formación del Partido Conservador: la fusión conservadora”, en Ayer (2003).

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Javier Alonso García-Pozuelo 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

El reinado de Amadeo de Saboya, por Eduardo Montagut

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El reinado de Amadeo de Saboya
por Eduardo Montagut
La cuestión de quién debía ocupar el trono de España se convirtió en una cuestión internacional que retrasó más el período de provisionalidad del gobierno nacido de la Revolución de 1868 y permitió que, a pesar de los esfuerzos de Prim, creciera más la oposición de republicanos y carlistas.

El candidato más idóneo, al parecer, era el hijo de Víctor Manuel II rey de Italia, Amadeo de Saboya. En principio, cumplía todos los requisitos: miembro de una casa real con tradición liberal, católico y su elección no inquietaba ni a Francia ni a Prusia. Las Cortes le nombraron rey el 16 de noviembre de 1870 por un escaso margen de votos. Pero el rasgo del reinado de Amadeo fue la inestabilidad social y política por una serie de problemas.


Amadeo I
-Vicente Palmaroli González-
1872

En primer lugar, estaría el asesinato del general Prim, víctima de un atentado poco antes de que llegara Amadeo a España. Era su principal valedor y su más firme apoyo, y había conseguido mantener unida a la coalición monárquico-democrática.

En segundo lugar, hay que destacar el escaso apoyo de los partidos políticos. El gran problema de la monarquía no era tanto la fuerza de la oposición de republicanos y carlistas como la división interna de la coalición, que se escindió en varios grupos y en dos grandes partidos. El Partido Constitucionalista tenía a Sagasta como principal líder. Era el sector más conservador y partidario de contener los avances democráticos. El Partido Radical de Ruiz Zorrilla defendía posturas más radicales.

En tercer, lugar hay que señalar el desencadenamiento de la tercera guerra carlista, en mayo de 1872. También continuaba el conflicto en Cuba -la Guerra de los Diez años- que duraría hasta 1878.

Por otro lado, en este momento se estaría produciendo un auge del movimiento obrero vinculado a la AIT, y a la llegada de destacados personajes como Fanelli y Lafargue para poner en marcha la Internacional en España. En las clases dirigentes españolas se desarrolló un intenso temor a la revolución social como lo demostrarían los intensos debates parlamentarios y la reacción represora hacia las primeras organizaciones.

La oligarquía española no era partidaria del nuevo régimen por varios motivos. En primer lugar, seguían vinculada a la dinastía borbónica. La cuestión religiosa también tenía su importancia, ya que el padre del rey había protagonizado la unificación italiana y el fin de los Estados Pontificios, provocando un claro divorcio con la Santa Sede que no aceptó el nuevo estado de cosas. Por fin, los industriales catalanes y los latifundistas cerealistas no eran favorables a la política económica del momento que intentó mitigar un tanto el tradicional proteccionismo, siguiendo lo marcado en el Arancel Figuerola.

Amadeo I, decepcionado del curso que estaba tomando la política, aprovechó un pretexto de poca importancia y abdicó el 11 de febrero de 1873, marchándose de España.

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Javier Alonso García-Pozuelo 
 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

Republicanos españoles a fines del XIX, por Eduardo Montagut

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Republicanos españoles a fines del XIX, por Eduardo Montagut
Duramente reprimidos en los inicios de la Restauración borbónica, los republicanos tardaron mucho en recuperarse del fracaso de la Primera República. Los factores que pueden ayudarnos a entender los problemas que tuvieron para poder articular una clara alternativa política, cuando cedió la represión canovista, tienen que ver con la división interna en tendencias y grupos, muy vinculados al liderazgo personal, y organizados en comités para la época de las elecciones. En realidad, esto no les separaba mucho de la forma organizativa de los partidos dinásticos o monárquicos, pero no tenían el apoyo del sistema del turnismo diseñado por Cánovas, y eran víctimas del fraude electoral sobre el que se sustentaba el edificio institucional de la Restauración. En todo caso, los principales líderes republicanos consiguieron siempre un cierto apoyo electoral, especialmente en el ámbito urbano, que les permitió entrar en el Congreso de los Diputados.

Otra causa muy importante a tener en cuenta a la hora de comprender las dificultades del republicanismo español en el último tercio del siglo XIX tiene que ver con la pérdida de dos importantes bases sociales: la obrera y la de una parte de la burguesía. El movimiento obrero terminó por divorciarse de la causa estrictamente republicana para abrazar el anarquismo o el socialismo. Las burguesías periféricas, muy implicadas políticamente, encontraron otro cauce de expresión en los partidos regionalistas o nacionalistas. El caso catalán fue paradigmático, aunque el republicanismo siguió teniendo peso en Barcelona.



Barcelona, proclamación de la república.
Plaza de San Jaime
(Pellicer)

Cuando se aprobó el sufragio universal gracias al gobierno liberal los republicanos comenzaron a tener más respaldo electoral. En los años noventa consiguieron aumentar su representación parlamentaria, en torno a una veintena de escaños como media en cada legislatura. En las ciudades comenzaron a contar con más apoyo social. En 1892 consiguieron un sonado éxito electoral en las elecciones municipales, especialmente en Madrid y en otras capitales de provincia.

En el seno del republicanismo español del último cuarto del siglo XIX se pueden apreciar tres grandes corrientes. En primer lugar, estarían los federalistas, liderados por Pi i Margall. Además de por su apuesta federal para organizar el Estado se inclinaron hacia posturas socializantes y hallaron cierto eco en sectores populares de Cataluña y Valencia. Se organizaron en el Partido Republicano Federal, y fueron muy activos a través de la prensa y las publicaciones. Los federalistas no colaboraron nunca con el nuevo sistema político, pero renunciaron al empleo de métodos violentos o conspirativos.

Los unionistas estaban liderados por Nicolás Salmerón, que regresó a España con la amnistía de 1881. Salmerón salió elegido diputado en 1883, y luego de forma ininterrumpida entre 1893 y 1907. Los unionistas formaron el Partido Centralista (1891). Eran partidarios de la unidad territorial y política del Estado, y su base social se encontraba entre la burguesía ilustrada y progresista.

Los radicales crearon el Partido Republicano Progresista, dirigido desde el exilio por Manuel Ruiz Zorrilla, destacado político de la época de Amadeo de Saboya. Eran partidarios de la insurrección y protagonizaron algunas hasta la muerte de su líder en 1895. Este sector republicano terminó por tener una escasa implantación social.

Por fin, habría que citar a los posibilistas, cuyo principal líder era Emilio Castelar. El último presidente de la Primera República había formado un partido republicano conservador, en línea con sus ideas y con la política que había protagonizado. Castelar quería participar en el nuevo sistema político, de ahí su posibilismo. Cuando se dieron las condiciones para hacerlo, es decir, cuando Sagasta aprobó el sufragio universal y la Ley del jurado, decidió disolver el partido, y muchos de sus miembros ingresaron en el Partido Liberal.

La división del republicanismo se intentó superar en el inicio del nuevo siglo con la creación de la Unión Republicana. Ya en 1893 y en 1900 se habían dado alianzas electorales que reportaron éxitos. Los republicanos pretendían terminar con los enfrentamientos y el atomismo para poder presentar una clara alternativa. Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux fueron sus impulsores. El programa de la UR pasaba por recuperar la Constitución de 1869 en lo relativo a los derechos y organización de la administración, pero bajo la fórmula republicana y no monárquica. Habría que cambiar el sistema político con una convocatoria a Cortes Constituyentes. La UR fue un éxito porque unió las tendencias republicanas, aunque con el Partido Republicano Federal solamente se alcanzó una alianza electoral. La UR obtuvo un gran resultado electoral en 1905 al conseguir treinta escaños del Congreso, gracias a su implantación en Madrid, Barcelona y Valencia.

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Javier Alonso García-Pozuelo 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

Algunas nociones sobre la historia del mutualismo en Cataluña en el siglo XIX, por Eduardo Montagut

–Aún necesitamos recabar más información, pero sospechamos que podía tener escondido en su cuarto a alguien.
–¿Y en qué sustentan esa sospecha?
–En su habitación se oía con frecuencia hablar quedo a dos personas, aunque luego nunca se ha visto salir de ella a nadie que no fuese Vilanova. Además varios vecinos nos han dicho que últimamente se le veía bajar a descargar el orinal a las letrinas que hay en el patio con mucha frecuencia y a horas poco habituales.
–De acuerdo, había alguien escondido en su cuarto. Tal vez uno de los cómplices del robo.
–Pensamos que podía tratarse de alguien perseguido por motivos políticos, concretamente alguno de los cabecillas que consiguieron escapar de Andalucía tras los sucesos de Loja. Por las fechas en que comenzaron a oírse las voces, varios prófugos de la revuelta entraron en Madrid. Que Vilanova simpatiza con su doctrina parece más que probable. Por sus lecturas, porque frecuenta lugares donde se suelen reunir miembros del partido democrático y porque en la misma vecindad dicen que en cuanto tiene ocasión se pone a perorar sobre las sociedades de socorros mutuos, la unión de los obreros y cosas por el estilo.
–Pueden darse los dos extremos, inspector, que tuviese escondido a algún agitador socialista y que entre ambos hayan organizado un golpe para financiar su secta. Si mañana a primera hora no está de vuelta, registraremos su cuarto a ver qué se encuentra.
La cajita de rapé (Maeva, 2017)
Javier Alonso García-Pozuelo
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Algunas nociones sobre la historia del mutualismo en Cataluña en el siglo XIX
Eduardo Montagut
Por mutualismo se entiende el sistema de asociación voluntaria de los afectados por unos mismos intereses o riesgos, constituidos en mutualidades o en sociedades de socorros mutuos. Las mutuas se encuentran en el origen de los sistemas contemporáneos de seguridad social. En la mutua la parte aseguradora es la colectividad y cada mutualista contribuye de forma proporcional mediante cuotas fijas o variables. Históricamente, las mutuas han sido muy importantes hasta la extensión del Estado del Bienestar con la Seguridad Social y el desarrollo de las compañías de seguros con fines de lucro. El mutualismo surgió con fuerza en el siglo XIX, en relación con la Revolución Industrial y con conexiones con el propio movimiento obrero, pero su origen debe encontrarse en los gremios, cofradías y montes de piedad de la época preindustrial. Cataluña tendría un evidente protagonismo en el mutualismo español, precisamente, por su desarrollo industrial y obrero.

Una real orden de febrero 1839, ya en plena Revolución liberal, reconoció las Sociedades de Socorros Mutuos, pero siempre y cuando fueran autorizadas e inspeccionadas directamente por las autoridades para evitar que se convirtieran en Sociedades de Resistencia. El Estado liberal estaba dispuesto a permitir el mutualismo para paliar los problemas derivados de los riesgos de la vida y del trabajo, habida cuenta de que la Iglesia había perdido su protagonismo en la asistencia, debido a las desamortizaciones, y porque la beneficencia pública no podía atender los innumerables problemas que se generaban, debido del déficit crónico de las distintas administraciones, estatales, provinciales y municipales.

En 1840 se fundaría la Sociedad de Mutua Protección de Tejedores de Algodón en Barcelona. Sus creadores redactaron unos estatutos en los que se establecía que se reducían los jornales se podía recurrir a la huelga. Esto provocó la reacción del jefe político de Barcelona, por lo que no se aprobaron los estatutos, porque, en realidad los trabajadores no sólo buscaban la ayuda mutua, sino también generar una Sociedad de Resistencia. La negativa gubernamental no impidió que la Sociedad existiese de hecho. La Sociedad no sería prohibida hasta 1844 ya con Narváez, que fue muy tajante a la hora de exigir a las autoridades provinciales que vigilasen las Sociedades de Socorros Mutuos con el fin de que no encubriesen otros fines. Entre 1850 y 1851 se multiplicaron las órdenes, circulares y disposiciones sobre esta cuestión, hasta que una Real Orden de 1853 estableció un control total de las Sociedades de Socorros Mutuos por parte de las autoridades.



Trabajadoras de fábrica textil catalana
(siglo XIX)
En otro orden de cosas es importante destacar que en Cataluña se creó el Monte de Piedad de Nostra Senyora de l’Esperança de Barcelona en el siglo XVIII. En el siglo siguiente se fundaría la Caixa de Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona y la homónima en Valencia.

La Ley de Asociaciones del Gobierno liberal de Sagasta de 1887 sometió las mutualidades a su régimen. El 15 de abril de 1896 se funda la Unió i Defensa de Monts de Pietat, convertida en 1919 en la Federació de Societats de Socors Mutus de la Provincia de Barcelona. Esta federación tendrá una gran actividad en los años siguientes. A principios de siglo en Cataluña el volumen e importancia de las sociedades de las mutualidades era comparable al que tenían países industrializados como Inglaterra, Francia o Bélgica.
Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.

El Sexenio democrático, por Eduardo Montagut

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El Sexenio democrático, por Eduardo Montagut
En este trabajo abordamos un acercamiento a la historia de un período corto, el Sexenio democrático, pero muy intenso de la historia española del siglo XIX, cuando se intentó democratizar el sistema político liberal a través de dos fórmulas, la monárquica parlamentaria y la republicana.

El Pacto de Ostende, que unió a progresistas y demócratas contra el sistema isabelino, se firmó en el año 1866.  A la muerte de O’Donnell, los unionistas se unieron al pacto.


El 17 de septiembre de 1868, la Revolución se inició con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz apoyado por Prim (progresista) y Serrano (Unión liberal). El movimiento se extendió por toda la geografía peninsular con levantamientos populares y se organizaron juntas revolucionarias locales. Serrano venció al ejército gubernamental en la Batalla de Alcolea. La reina huyó a Francia. Se constituyó un gobierno provisional presidido por el general Serrano y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino directo para enero de 1869.

Bajo la aparente unidad de los protagonistas de la Revolución habría dos grandes bloques sociopolíticos. En primer lugar, estarían los progresistas, unionistas y demócratas moderados, cuya base social estaba formada por las clases medias que se identificaban con los planteamientos del gobierno provisional, aspirando a un cambio meramente político con un régimen más abierto y representativo que el isabelino, pero sin planteamientos sociales radicales ni propuestas revolucionarias. Por otro lado, se encontrarían los republicanos, escindidos del Partido Demócrata. Tenían el apoyo popular. Pretendían cambios políticos más radicales, como el establecimiento de la República, y la defensa de un programa de reformas socioeconómicas. Sus propuestas coincidían con las de las juntas revolucionarias, disueltas por el gobierno provisional.

Los electores dieron la mayoría absoluta a las fuerzas gubernamentales: unionistas, progresistas y demócratas monárquicos con 236 escaños. Lejos quedan los republicanos y los carlistas, con 80 y 20 diputados, respectivamente. De estas Cortes resultará la Constitución de 1869, la primera democrática de España. Se reconocía una amplia declaración de derechos individuales: derecho a la participación política, sufragio universal masculino, libertad de imprenta, libertad de culto, aunque la nación estaría obligada a mantener el culto y a los ministros de la religión católica, derecho de reunión y de asociación. La soberanía sería nacional, y todos los poderes emanarían de la nación, es decir, se abandonaba la soberanía compartida. La Constitución establecía una clara división de poderes, y se mantenía el sistema bicameral en el legislativo. España seguiría siendo una Monarquía, aunque bien distinta a la isabelina, ya que las Cortes se convertían en el máximo órgano político y no sólo por su función legislativa sino porque se afianzaba su cometido de control al gobierno. El poder de la Corona quedaba claramente limitado.

Aprobada la Constitución, Serrano fue nombrado regente, en ausencia de un rey; y Prim, jefe del gobierno. El objetivo de ambos era buscar un monarca y frenar la insurrección en Cuba iniciada en 1868, además de las sublevaciones de los republicanos, desengañados por la falta de soluciones para la cuestión social y por la decisión de establecer un régimen monárquico.

El problema de quién debía ocupar el trono de España se convirtió en una cuestión internacional que alargó más el período de provisionalidad, y permitió que, a pesar de los esfuerzos de Prim, creciera la oposición de republicanos y carlistas. El candidato más idóneo era el hijo de Víctor Manuel II rey de Italia, Amadeo de Saboya. En principio, cumplía todos los requisitos: miembro de una casa real con tradición liberal, católico y su elección no inquietaba ni a Francia ni a Prusia. Las Cortes le nombraron rey el 16 de noviembre de 1870 por un escaso margen de votos. El rasgo del reinado de Amadeo fue la inestabilidad social y política por una serie de problemas.

En primer lugar, se produjo el asesinato del general Prim, víctima de un atentado poco antes de que llegara Amadeo a España. Era su principal valedor y su más firme apoyo, y había conseguido mantener unida a la coalición monárquico-democrática.



Grabado del atentado contra el General Prim (27-12-1870)

En segundo lugar, hay que destacar el escaso apoyo de los partidos políticos. El gran problema de la Monarquía no eran tanto la oposición de republicanos y carlistas como la división interna de la coalición, que se escindió en varios grupos y en dos grandes partidos. El Partido Constitucionalista, con Sagasta como principal líder, era el más moderado y partidario de contener los avances democráticos. El Partido Radical de Ruiz Zorrilla, por su parte, defendía posturas más progresistas.
En tercer, lugar hay que señalar el desencadenamiento de la tercera guerra carlista, en mayo de 1872, mientras continuaba el conflicto en Cuba -la guerra de los diez años- que duraría hasta 1878.

Amadeo I, decepcionado del curso que estaba tomando la política, aprovecha un pretexto de poca importancia y abdica el 11 de febrero de 1873, marchándose de España.
 
Ante la abdicación del rey, las Cortes, en reunión conjunta del Congreso y Senado, proclamaron la República por 285 votos contra 32, pero este hecho no consiguió estabilizar el sistema, ya que a los problemas heredados – guerra carlista, guerra de Cuba-, se añadía dentro de las filas republicanas la división entre unitarios y federalistas.

La República tuvo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

En el período de Figueras se dieron diversos intentos de golpes de estado, y se recrudeció la presión del movimiento obrero. En mayo, se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes en las que triunfaron los republicanos federalistas con aplastante mayoría de 344 diputados sobre 391. Se elaboró una Constitución que recogía una estructura federal del Estado: España se organizaría en 17 estados federales. Se trató de la primera Constitución republicana del país, pero que nunca entró en vigor.
 
Con Pi i Margall el intento de imponer desde arriba una estructura federal de forma ordenada fracasó, frente al intento de hacerlo desde abajo. El cantonalismo se extendió con gran rapidez en gran parte del país. Los cantones debían convertirse en unidades políticas inferiores a partir de las cuales se debería formar la federación española. El cantonalismo tuvo, también, un evidente componente social reivindicativo. Alcoy y Cartagena fueron las principales ciudades que se proclamaron cantones. Fue muy complicado reprimir el cantonalismo, no sólo por su extensión, sino también porque coincidió con la guerra carlista. Estos levantamientos provocaron la dimisión de Pi i Margall.

Tras la derrota parlamentaria del anterior, Salmerón se convierte en julio en presidente. Su objetivo fue restablecer el orden y envió el ejército para sofocar el movimiento cantonalista. Con Salmerón se iniciaba un viraje hacia posiciones más conservadoras. Pero no duró mucho en su cargo porque dimitió por problemas de conciencia al no querer firmar sentencias de muerte impuestas por la autoridad militar.

Castelar alcanzó la presidencia en septiembre y representó el triunfo de la República conservadora. Para restablecer el orden solicitó a las Cortes, y se le conceden, poderes especiales para gobernar por decreto durante tres meses. Al volverse a reunir las Cortes el 2 de enero de 1874, el gobierno se somete a un voto de confianza y lo pierde.

La posibilidad de que el poder recayese de nuevo sobre los federalistas radicales ofrece un pretexto para el golpe de estado de Pavía, capitán general de Madrid, que al día siguiente ocupa el Congreso y disuelve la cámara. De esta manera se puso fin al régimen republicano, aunque oficialmente, España siguió siendo una república hasta finales de año.


Entrada de de Pavía en el Congreso de los Diputados el 3 de enero de 1874

El general Serrano presidió un nuevo gobierno provisional (dictadura) que tuvo como objetivo restablecer el orden público, controlar a los carlistas y continuar la guerra de Cuba. En diciembre de 1874, el general Martínez Campos se sublevaba en Sagunto y proclamaba rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II.

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Javier Alonso García-Pozuelo 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
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La “non nata”, por Eduardo Montagut

En solo unas horas se abrirán las Cortes y, pese al batallón de diputados unionistas llegado esta semana de provincias y a que los rumores de un intento de atentado por agentes socialistas han surtido efecto entre los diputados que ayer mismo se planteaban retirar su apoyo al gabinete del general O’Donnell,nadie puede estar seguro esta mañana de que las oposiciones coaligadas no le vayan a hacer la pascua al Gobierno, arrebatándole la presidencia de la mesa del Congreso.
Ningún prócer de la Unión Liberal debe de estar tranquilo esta mañana. Desde luego, no lo parece el marqués de la Vega de Armijo, gobernador civil de Madrid y uno de los hombres que más parte tuvo, junto con el general O’Donnell y el actual subsecretario de Gobernación, el señor Cánovas del Castillo, en la revolución de 1854.
–Entiendo que quiera hablar con el amigo de su sobrino y hasta entiendo que mi negativa le haya contrariado –concede el marqués de la Vega de Armijo–, pero ¿por qué tanto interés en interrogar a Vilanova?
Ha formulado la pregunta con extrema cortesía y en un tono asaz amable. Sin embargo, algo en su rostro de ojos claros, entrecejo ceñudo, nariz puntiaguda e inmensas patillas, augura que, en cualquier momento, el marqués puede ser presa de uno de sus célebres arrebatos de cólera.
La cajita de rapé (Ediciones MAEVA)
Javier Alonso García-Pozuelo

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La “non nata”, por Eduardo Montagut
La Década moderada entró en crisis en 1854, a causa de la profusión de casos de corrupción, especialmente relacionados con la construcción del ferrocarril. Además, la situación de crisis económica alentó la tensión social. Bravo Murillo reaccionó gobernando con más dureza, por lo que la presión de la oposición se radicalizó. Como el sufragio era censitario y el sistema electoral estaba manipulado, los progresistas utilizaron el procedimiento del pronunciamiento para acceder al poder. El 28 de junio de 1854 se produjo la Vicalvarada, con los generales Dulce, O’Donnell y Ros de Olano como protagonistas. La situación se mantuvo incierta hasta que los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares, que recogía algunas de las propuestas progresistas. Se dieron varios levantamientos en algunas ciudades que terminaron por forzar a Isabel II a recurrir a Espartero, quien se autoproclamó presidente del Consejo de ministros. O’Donnell ocuparía la cartera de la Guerra. El nuevo gobierno restauró provisionalmente la Constitución de 1837. Se aprobó una nueva ley municipal en línea progresista: ampliación del derecho de sufragio y no intervención del gobierno en la elección de los alcaldes. En el Bienio se emprendió una nueva desamortización (1855), la impulsada por Pascual Madoz, de mayor envergadura que la de Mendizábal, ya que puso en venta el doble de bienes. Además, no sólo se ocupó de propiedades eclesiásticas, sino, sobre todo, de las de uso y propiedad común. Fue importante también la Ley de los ferrocarriles de 1855.


Leopoldo O'Donnell
- litografía de 1889 -

El Gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes, una promesa de la Vicalvarada. Ganaron los candidatos gubernamentales, en una especie de coalición formada por los puritanos, es decir, los moderados menos conservadores, y los progresistas más moderados, entre los que destacaría Manuel Cortina. Estaríamos en los orígenes de la futura Unión Liberal. En este sentido, un joven Antonio Cánovas del Castillo, autor del Manifiesto de Manzanares, pronunció un discurso en diciembre en el Congreso donde manifestaba la voluntad de crear un tercer partido, la Unión Liberal. A la derecha había un pequeño grupo de moderados y a la izquierda los demócratas, aunque hay que destacar un grupo, que podríamos denominar de “centro-izquierda”, formado por liberales progresistas que no deseaban ingresar en la coalición, como serían Salustiano Olózaga o el joven Sagasta.

El debate constitucional comenzó pronto, y fue intenso en relación con la cuestión religiosa, especialmente por la postura intransigente de la Iglesia Católica, a pesar de que se establecía una propuesta muy tímida, ya que la idea de los demócratas de que se aprobase la plena libertad de cultos fue rechazada por la mayoría gubernamental. Se pretendía que no se podría perseguir a nadie por sus creencias religiosas, siempre y cuando no se manifestasen en actos públicos contrarios a la religión católica, y partiendo de la reafirmación de que el Estado tendría obligación de sostener a la Iglesia y el culto, como se había establecido en la década moderada. La nueva desamortización provocó más tensiones, y se llegaron a romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Por otro lado, hubo un resurgimiento de partidas carlistas.

También es interesante relatar el debate sobre la necesidad de que la educación primaria fuera verdaderamente gratuita y sobre el sufragio universal, propuestas de los demócratas que no prosperaron. El liberalismo progresista o algo más templado de la coalición, aunque deseaba superar el excesivo conservadurismo de los moderados, no pretendía, realmente democratizar el régimen político.

La Constitución partía del reconocimiento de la soberanía nacional, sin alusiones a que se compartiera con la Corona, pilar ideológico del liberalismo conservador o doctrinario español. Se establecía un más amplio reconocimiento de derechos individuales, frente al modelo de la Constitución moderada de 1845. En algunos aspectos, constituyó la base de la futura Constitución de 1869, después de la Revolución Gloriosa de 1868.

En 1855, el estallido de una huelga en Barcelona y la propagación de una epidemia de cólera contribuyeron a enrarecer la situación política, marcada, desde 1854, por los sucesivos cambios de gobierno, a causa de la difícil convivencia en el poder de progresistas y unionistas.

En el verano de 1856, aprovechando el desconcierto provocado por unas revueltas populares en Madrid, O’Donnell abolió la Milicia Nacional y volvió a proclamar la Constitución de 1845, al tiempo que apartaba a Espartero del poder. Pero tres meses después, la reina optó por Narváez, más afín a sus planteamientos, apartando a O’Donnell del poder. Así pues, la Constitución de 1856 nunca sería promulgada, y no entró en vigor, de ahí su apelativo de “non nata”.

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Javier Alonso García-Pozuelo 

Eduardo Montagut (Madrid, 1965)
es Doctor en Historia por la UAM y profesor de Secundaria en un Instituto de Alcalá de Henares en la especialidad de Geografía e Historia. Socio de las ilustradas Reales Sociedades de Amigos del País de Madrid y Bascongada, pertenece también a la ARMH, y mantiene un constante compromiso por la memoria histórica. Pertenece al Grupo de Memoria Histórica del PSOE y tiene la responsabilidad de Educación, Cultura y Memoria Histórica en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Chamartín (PSOE-M). Colabora diariamente en diversos medios digitales con artículos de Historia y Política. Tiene publicados un libro sobre los árboles y la Ilustración, y diversos artículos sobre la enseñanza de la agricultura en los siglos XVIII y XIX, así como, sobre Historia social.